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Argentina · Cobertura nacional

Derecho para contratistas y proveedores de la actividad minera.

Asesoramos a empresas de servicios, contratistas y proveedores que participan en proyectos mineros y necesitan ordenar sus relaciones contractuales, laborales, comerciales y asegurativas.

Soporte jurídico para empresas que integran la cadena minera.

La práctica está orientada a las necesidades jurídicas de quienes prestan servicios, ejecutan obras, suministran bienes o aportan tecnología a proyectos mineros en distintas jurisdicciones argentinas.

Contratos de obra y servicios

Alcance, entregables, cronogramas, adicionales, penalidades, garantías y terminación.

Suministros y logística

Condiciones de compra, entrega, recepción, calidad, transporte y responsabilidad.

Relaciones laborales

Contratación, documentación, organización del trabajo, conflictos y litigios.

Seguros y responsabilidad

Revisión de coberturas, siniestros, daños e indemnidades contractuales.

Pagos y recupero de créditos

Certificaciones, facturación, incumplimientos, negociación y recupero.

Acuerdos entre empresas

Consorcios, alianzas, subcontratación, confidencialidad y distribución de riesgos.

01

Enfoque preventivo

Los riesgos se identifican antes de comprometer recursos y asumir obligaciones.

02

Visión empresarial

La estrategia jurídica se conecta con la operación y la viabilidad comercial.

03

Actuación nacional

Coordinación en distintas provincias mediante abogados asociados.

Preguntas frecuentes.

¿Asesoran solamente a empresas mineras?

No. La práctica está especialmente orientada a contratistas, proveedores, empresas de servicios y tecnología vinculadas con proyectos mineros.

¿Pueden revisar contratos propuestos por una operadora o contratista principal?

Sí. Analizamos alcance, precio, ajustes, plazos, garantías, seguros, responsabilidades, penalidades y condiciones de salida.

¿Trabajan en distintas provincias?

Sí. Coordinamos la intervención en otras jurisdicciones mediante abogados asociados, manteniendo una estrategia común y un interlocutor responsable.

Conversemos sobre el proyecto y la contratación.

La consulta inicial permite conocer la actividad, verificar posibles conflictos y determinar qué documentación debe revisarse.

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